Atendiendo la comprensible inquietud y sensación de incertidumbre generada en la ciudadanía, frente a la ambigüedad y legítimas dudas sobre la eficacia de las medidas anunciadas por su Gobierno, para mitigar los efectos del COVID-19 (coronavirus) en nuestro país, así como las acciones anunciadas por la administración para impedir que la pandemia afecte a las trabajadoras y trabajadores de Codelco, y que han sido aplicadas al arbitrio de las administraciones divisionales, sin protocolos corporativos suficientes, el Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, quiere expresar a usted lo siguiente:
Tal como se lo señalamos a la administración superior de Codelco, volvemos a insistir con mucha fuerza que nuestra principal preocupación y atención durante esta emergencia sanitaria, es proteger la vida y salud de las trabajadoras y trabajadores y su entorno familiar, que bajo ningún pretexto, permitiremos que se interpongan los intereses de algunos sectores que solo privilegian fines productivos, sin garantizar de forma eficaz la protección de la vida de todas las chilenas y chilenos. No aceptaremos que se pretenda hacer pagar los costos de esta emergencia con la salud de los trabajadores. Es el Estado chileno y las grandes empresas las que deben realizar los esfuerzos para no afectar los ingresos de los trabajadores.
Exigimos, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, en especial lo consagrado en los artículos 184 y 184 BIS del Código del Trabajo, la urgente implementación de medidas de prevención que mitiguen el impacto del Covid 19 en los trabajadores del país. Proteger a las trabajadoras y trabajadores de esta pandemia es la real preocupación de esta Federación. De ahí la importancia que existan protocolos para enfrentar adecuadamente esta emergencia epidemiológica.
Vemos con profunda admiración como países vecinos adoptan medidas eficaces para la seguridad de sus ciudadanos, cerrando fronteras, aislando comunidades, dejando de lado la producción y se concentran en buscar minuto a minuto el resguardo de la población. Muy por el contrario de la realidad nacional, donde sólo se busca cómo mantener a los Trabajadores y Trabajadoras en las áreas productivas, inventando jornadas y un cuanto hay, pero sólo para mantener la producción.
Como Federación de Trabajadores del Cobre estamos convencidos que esta situación se tiene que detener ¡Ahora! Si realmente están preocupados por el País y por cada uno de sus ciudadanos, hacemos el llamado a que se decreten todas las medidas que resulten necesarias, sin descartar ninguna, en especial una CUARENTENA PREVENTIVA NACIONAL, y que todos los trabajadores cesen sus funciones, que se queden en sus hogares junto a sus Familias y seres queridos.
Chile necesita a cada trabajador y trabajadora, en condiciones óptimas de salud física y psíquica, ya que somos el motor de nuestra economía y tendremos la misión de reconstruir nuestro futuro. Si no tomamos los resguardos, y si no se aplican las políticas suficientes y necesarias para evitar que esta pandemia continúe, no habrá Gobernantes, Ciudadanos, Trabajadores, ni nadie.
Entiéndase, esto es una pandemia, no hay cura ni medicina que nos la saque de encima. La única forma, la única herramienta, la única alternativa es que nos aislemos en una cuarentena efectiva en cada hogar.
Por lo mismo, la Federación de Trabajadores del Cobre, que además representa a los Sindicatos de Anglo American (Chagres y El Soldado) y a los Sindicatos de la empresa ENGIE, exige al Gobierno de Chile, cumpla el deber ético y legal de velar, efectivamente, y en todo sentido, por cada ciudadano de la Nación. Y al Gobierno Corporativo de Codelco, a decretar cuarentena preventiva en cada una de las divisiones.
El derecho a la vida está consagrado en el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; por lo tanto, frente a una negativa a nuestros planteamientos no descartamos en el menor tiempo posible, llamar a nuestros trabajadores y trabajadoras y a toda la ciudadanía, a detener todas las labores productivas, tratando de mitigar al máximo las consecuencias que esto pudiese generar, en el légítimo ejercicio constitucional y legal del derecho a resguardar nuestra salud y vida.