La administración de la empresa informó que este jueves recibió un oficio de la Contraloría General de la República, en el que aclara los términos del pronunciamiento emitido el pasado 3 de mayo sobre la indemnización a un ex supervisor de Codelco. Ese dictamen indicó que “las estipulaciones convencionales que autoriza la legislación laboral conllevan necesariamente una facultad de disposición patrimonial de la cual carecen quienes administran recursos públicos, como ocurre en el caso de Codelco”.
Cabe recordar que una vez conocido el oficio a comienzos de mayo, la empresa solicitó un examen experto para confirmar que las implicancias del dictamen constituían un impedimento para negociar colectivamente y ejecutar planes de retiro con sus trabajadores. Esta interpretación fue refrendada por otros organismos como Cochilco, además de abogados especialistas en la materia.
El informe recibido hoy, firmado por el contralor Bermúdez, señala que el pronunciamiento “de manera alguna significa impedir que la anotada empresa pública dé cumplimiento a la normativa legal aplicable en el marco de las relaciones laborales existentes con sus trabajadores; como tampoco implica desconocer sus facultades para llevar a cabo negociaciones colectivas con estos y hacer efectivos los respectivos acuerdos. Menos aún tal dictamen no se refiere a la forma de administración de la aludida Corporación ni pretende hacerle aplicable a ésta las reglas de los servicios públicos, el Estatuto Administrativo ni el sistema de contratación pública”.
Por otra parte, en el texto, el contralor hace especial énfasis en que “los pagos realizados a dicho ex trabajador, se conformaron con las estipulaciones del contrato colectivo vigente para su sector”. En este sentido, la empresa reitera que, una vez recibida la denuncia por el caso de indemnización citado, desarrolló una auditoría a partir de junio de 2015, la que, al igual que el dictamen de la Contraloría, concluyó que los pagos correspondían al monto efectivamente adeudado.
La administración de Codelco señaló que recibe con tranquilidad el reconocimiento de las atribuciones de su gobierno corporativo y del modelo de gestión, que ha puesto en su centro los principios de eficacia, eficiencia y probidad, para lo cual su directorio en los últimos años ha profundizado su normativa y mejorado sustantivamente sus prácticas, especialmente en las materias señaladas por la propia Contraloría, muy por sobre la exigencia legal para empresas privadas y organismos públicos. Entiende, por lo mismo, que en el ejercicio de sus atribuciones, el gobierno corporativo está sujeto a los controles y responsabilidades que establece el marco legal que regula a la empresa, los que son adecuados para resguardar el cumplimiento de los referidos principios en el contexto de sus actividades empresariales.
Asimismo, la empresa precisó que confía en que los criterios contenidos en este dictamen aclaratorio, que confirman las facultades de administración y disposición que la ley radica en el directorio de la empresa, serán también ratificados en relación con las restantes materias propias de la gestión del gobierno corporativo, labor que se desarrolla con el mayor resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar y en el mejor interés de la Corporación y del país.
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