FTC reitera urgente llamado a derogar Ley Reservada del Cobre ante miillonarias jubilaciones de uniformados

Frente a las vergonzosas evidencias dadas a conocer luego de una rigurosa investigación periodística, puestas en conocimiento público a todos los ciudadanos de nuestro país, respecto al exorbitante gasto fiscal en jubilaciones pagadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y por la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) declara lo siguiente:

1. Nuevamente nos hemos enterado por la prensa sobre irregularidades en el uso que las fuerzas armadas dan a los fondos de la Ley Reservada del Cobre. Resulta inaceptable y repudiable que mientras el promedio de las pensiones otorgadas por las cuestionadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es levemente superior a los $192 mil, a través de Capredena los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas reciben, también en promedio, una cifra superior a los $2,3 millones. Más indignante aún es el hecho que el 94% de esta cifra corresponde a aporte fiscal y sólo el 6% restante proviene de las cotizaciones de los uniformados.

Y lo que resulta más grave e inquietante, es que un número significativo de estas pensiones son entregadas a ex uniformados procesados y condenados por violaciones a los Derechos Humanos o fraudes, cuyas pensiones le significan al Fisco más de $1.200 millones al año.

2. Este nuevo escándalo se suma al detectado en el pago de US$ 12 millones a proveedores sin el respaldo correspondiente y a los 5 mil millones de pesos defraudados en el caso denominado “Milicogate”, dineros gastados en casinos, propiedades, caballos y fiestas, según denuncias realizadas durante el año 2016.

3. Esta situación de privilegio y muy distante de la realidad nacional, ha significado que en los últimos cinco años el Estado desembolsara cerca de $3,8 billones para solventar el fondo de retiro de Capredena, cifra equivalente a la construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación.

¡Un dato relevante! El presupuesto del año 2016 para financiar las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas fue de 2.300 millones de dólares. Y el presupuesto para este 2017 por este concepto, asciende a los 2.370 millones de dólares, equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Vivienda para cumplir con sus programas sociales.

4. Esta alarmante realidad deja de manifiesto la urgente necesidad de terminar con el modelo de pensiones actualmente vigente en nuestro país, ante la clara evidencia que éste niega completamente los principios básicos que deben guiar un sistema previsional moderno, contraviniendo los pronunciamientos y recomendaciones de organizaciones internacionales de Seguridad Social, que privilegian la libertad, la solidaridad, la participación y la ausencia del lucro. De ahí la necesidad urgente de una profunda transformación del sistema donde el Estado sea garante de este derecho y dé cobertura universal, todo ello tendiente a asegurar un nivel de pensiones acorde con la dignidad humana.

5. Por otro lado, esta inequidad refleja que con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos), quienes gozan de privilegios inalcanzables para el resto de la población que sufre las carencias del sistema de capitalización individual impuesto por las AFP.

6. Los trabajadores de Codelco laboramos para aportar importantes recursos al Estado y la Ley Reservada del Cobre, por secretaría, se lleva el 10% de las ventas totales de cobre producido por la Corporación. En los últimos 20 años se han aportado a las FF.AA. sobre 18 mil millones de dólares y por lo que vemos, cada cierto tiempo, nos damos cuenta que muchos de estos recursos han tenido un destino oscuro. Por lo mismo, una vez más hacemos un llamado a las autoridades y fuerzas políticas para terminar con la Ley Reservada del Cobre.

7. La Federación de Trabajadores del Cobre, de manera sistemática, ha impulsado acciones para terminar con esta ley nefasta y no cesaremos en nuestros esfuerzos hasta lograr la derogación de esta ley que grava de manera irracional a Codelco, la principal empresa del Estado de Chile.

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