Derogar la Ley Reservada del Cobre, un acuerdo nacional necesario

La Federación de Trabajadores del Cobre, en su último Congreso Nacional Ordinario, realizado en abril del presente año, acordó de manera unánime demandar al Gobierno para que dé el carácter de urgencia a un proyecto de ley que ponga término a la oprobiosa LEY RESERVADA DEL COBRE, permitiendo con ello el desarrollo de largo plazo y capitalización de la principal fuente individual de generación de ingresos con que cuenta el Estado de Chile, para avanzar en la satisfacción de necesidades y derechos fundamentales de nuestros compatriotas.

Han sido décadas en que la Federación de Trabajadores del Cobre ha exigido la derogación de esta verdadera “ley maldita”; no obstante, los gobiernos democráticos y el mundo político han carecido de la voluntad para poner fin a este gravamen, que obliga a Codelco a entregar el 10% de sus ventas de cobre y subproductos al exterior.

Desde 1976 al primer trimestre de 2016, Codelco ha aportado al Fisco, por concepto de Ley Reservada, US$24.039 millones, beneficiando a las FF.AA. con un aporte promedio anual superior a los US$600 millones. En otras palabras, en este escenario de bajos precios trabajamos casi exclusivamente para pagar este gravamen.

La derogación de la ley reservada cobra mayor importancia en la actualidad y tiene una connotación ética, producto de lo ocurrido con el escandaloso fraude al interior del Ejército, que implicó la desaparición de millonarios recursos públicos aportados por el 10% de las ventas brutas de la empresa más importante del Estado, acto ilícito que, además, mantiene cuestionado por enriquecimiento indebido nada menos que a un ex Comandante en Jefe de dicha institución armada.

Resulta inaceptable el carácter reservado que ha mantenido esta ley durante más de 25 años de recuperada la democracia, así como la ausencia de mecanismos de control efectivos para fiscalizar recursos que son de todos los chilenos. Claramente, condiciones muy propicias para favorecer la corrupción al interior de las instituciones de la defensa nacional.

La derogación de la Ley Reservada del Cobre reviste un deber imperativo del Estado de Chile con su principal empresa. Sumado a este gravamen, que ninguna empresa del mundo sufre, Codelco se ha visto privado de una política de capitalización que le permita reinvertir una parte razonable de sus excedentes, para poder financiar su plan de inversiones, traducido en proyectos mineros, estructurales, de sustentabilidad, desarrollo de minas, exploraciones y renovación de equipos y plantas industriales. Un dato: empresas de la industria retuvieron y capitalizaron el 39% de sus utilidades, mientras que Codelco se vio obligado a hacerlo en un magro 9,8% durante el superciclo 2005-2015.

Esta falta de capitalización, junto al gravamen del 10% de las ventas a las FF.AA., están en la base del alto endeudamiento que hoy tiene Codelco, pasando de una deuda de US$4.000 millones en 2004 a una de US$14.000 millones en 2016, a una tasa de interés promedio del 4%, en circunstancias que las Fuerzas Armadas mantienen un fondo empozado estimado en US$5.000 millones, con una magra rentabilidad económica y social para el país.

Ha llegado el momento de terminar con la política de “exprimir la vaca lechera”. De continuar por este camino, Codelco está destinado a declinar su producción en niveles críticos. Ello, en detrimento de todos los chilenos y chilenas que se verán privados de importantes recursos para satisfacer sus necesidades de educación, salud, pensiones dignas y vivienda, situación que no podemos ni debemos permitir.

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