El fallo señala que los trabajadores Rol B contratados a partir del 1 de septiembre de 2009, tienen derecho a percibir el aporte mensual por parte de la empresa cuando opten por afiliarse a cualquier institución de salud previsional, sin que ello signifique la pérdida del derecho a la atención de salud y hospitalario en el Servicio Médico de El Salvador, de acuerdo a los términos de los contratos individuales de trabajo.

La resolución judicial rechaza la excepción perentoria opuesta por Codelco, en cuanto habría operado la sustitución de una cláusula del convenio colectivo por sobre los contratos individuales, conforme al efecto sustitutivo establecido en el artículo 348 del Código del Trabajo.

Con un traslado de la sede de la Superintendencia de Minería desde Santiago a Antofagasta, la Comisión de Hacienda de la Cámara terminó de aprobar y despachar el proyecto (boletín 7848) que establece medidas para la seguridad e institucionalidad minera.

La norma, aprobada por seis votos a favor y cinco en contra, fue el único cambio efectuado respecto del texto ya aprobado por la Comisión de Minería de la Cámara, siendo el resto del articulado apoyado por unanimidad de los diputados presentes.

En la sesión, el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, informó que la propuesta va a tener que volver a la Comisión técnica por cuanto se ingresará un nuevo paquete de indicaciones que fueron consensuadas con las organizaciones sindicales y con las asociaciones mineras.

“Creemos que vamos a tener completo consenso respecto de ellas y a partir de eso vamos a la Sala. Son ajustes técnicos, respecto de la seguridad, que vamos a incorporar y con lo cual el proyecto quedará mejor”, acotó, agregando que espera que la propuesta esté despachada de la Cámara en junio próximo.

Cabe recordar que el proyecto, ingresado a trámite legislativo en la Cámara de Diputados el 4 de agosto de 2011, tiene como idea matriz crear una Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile. Para ello, la iniciativa perfecciona dos ejes fundamentales de la actividad minera: la institucionalidad a cargo de la fiscalización y las normas que regulan la seguridad minera.

La Superintendencia de Minería se crea como servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, la que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Minería.

Se determina que deberá existir una oficina en todas aquellas regiones cuyo indicador de importancia de la actividad minera sea superior a 2,5%. Dicho indicador equivale al cociente entre el producto interno bruto minero regional, incluyendo la minería del petróleo y gas natural, y el producto interno bruto regional, ambas cifras de acuerdo a la última estadística reportada por el Banco Central de Chile.

Será misión de la Superintendencia velar por la seguridad minera para contribuir a la protección de la vida e integridad de las personas que se desempeñan en dicha actividad, así como de los terceros que pudieren verse afectados.

Entre varias obligaciones que se imponen a las empresas del rubro minero se encuentran las de entregar a la Superintendencia los antecedentes relevantes sobre sus actividades mineras; los accidentes mineros que ocurran en sus faenas, dentro del plazo de 24 horas; e informes técnicos referidos al estado de avance de medidas correctivas solicitadas.

El Servicio Geológico de Chile se constituirá como ente público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Minería. Su domicilio será la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente, conforme a lo que establezca su Director Nacional, quien podrá establecer oficinas en una o más de las regiones del país, según lo estime conveniente a las necesidades del Servicio.

En todo caso, deberán existir oficinas del Servicio en aquellas regiones que revistan una mayor importancia geológica, lo que se determinará a partir de criterios técnicos.

Tendrá por objeto principal la realización de las siguientes tareas:
1) Efectuar investigación geológica en el territorio nacional.
2) Desarrollar planes geológicos.
3) Elaborar estadísticas de recursos y reservas minerales.
4) Estudiar riesgos geológicos.
5) Efectuar análisis científicos y técnicos en el ámbito de su competencia.
6) Servir de asesor técnico especializado del Gobierno en materia geológica.

Cámara de Diputados

La Cámara aprobó, con 88 votos, las modificaciones del Senado a este proyecto (boletín 7992), originalmente llamado “Ingreso Ético Familiar” y que ahora se denomina “Establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer”.

Entre otros cambios, se establece que tendrán acceso al Subsistema Seguridades y Oportunidades las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza extrema. Para el ingreso y participación, serán calificadas por el Ministerio de Desarrollo Social y deberán manifestar expresamente su voluntad de cumplir con las exigencias y condiciones del Subsistema, a través de la suscripción de un documento de compromiso.

Las personas y familias en situación de pobreza extrema tendrán derecho garantizado al Subsistema, al Programa Eje, al Programa de Acompañamiento Psicosocial y al Programa de Acompañamiento Sociolaboral. Ingresarán al Subsistema en un plazo máximo de 4 años contados desde que sean calificadas por el Ministerio. En todo caso, la cobertura anual de nuevos usuarios del Subsistema no podrá exceder de 70 mil personas o familias.

Para efectos de esta ley, se entenderá que están en situación de pobreza extrema las personas y familias cuyo ingreso per cápita mensual sea inferior al necesario por persona para satisfacer sus necesidades alimentarias.

También se considera a otros usuarios que podrán acceder al subsistema, cuando cumplan con las siguientes condiciones:

- Tener 65 años o más de edad, vivir solo o con una persona y estar en situación de pobreza. No se considerarán los beneficios establecidos en la Reforma Previsional.
- Las personas en situación de calle.
- Los menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad. También serán beneficiarios sus cuidadores.

Otro cambio significativo es el referido al Subsidio al Empleo de la Mujer, destinado a las trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo y a las trabajadoras independientes, que será de cargo fiscal.

Tendrán acceso a este subsidio al empleo aquellas trabajadoras dependientes e independientes que tengan entre 25 y 60 años de edad y que pertenezcan al 40% socioeconómicamente más vulnerable de la población, así como sus respectivos empleadores. Este subsidio podrá ser percibido por cada trabajadora por cuatro años continuos.

Reacciones de los diputados

Tras su aprobación, el diputado Frank Sauerbaum (RN), indicó que “Si bien el proyecto sufrió algunas modificaciones por parte del Senado, lo que hoy se despachó es fruto del trabajo entre la Alianza, la Concertación y el Ejecutivo, lo que le da un realce mayor al texto y pone énfasis en un trabajo coordinado que sin duda, representará beneficios para los más de 640mil compatriotas que hoy por hoy viven con menos de mil pesos al día”.

Por su parte, el diputado radical Fernando Meza manifestó que “históricamente los radicales hemos luchado por un Estado musculoso en lo social, un Estado que acompañe a los chilenos y chilenas desde la cuna hasta el final de sus días abrazándolos y sosteniéndolos en temas tan importantes como la salud y la educación, por eso creemos que esta nueva ley va en el paso correcto en el sentido que más de 600 mil personas podrán alejarse de la extrema pobreza.”

Respecto al cambio de nombre que tuvo la iniciativa legal, el diputado DC Fuad Chahín señaló que “tenía un nombre muy inapropiado y para no generar falsas expectativas en las familias consideramos que era necesario cambiar el nombre con el que ingresó el ejecutivo este proyecto “. Agregó que “no sólo le cambiamos el nombre, también mejoramos su contenido, avanzamos para que los bonos, los beneficios y los subsidios de las familias más pobres en extrema pobreza sean garantizados y que no dependan del dedo de la autoridad de turno, limitando la discrecionalidad en la entrega de los beneficios ”.

El diputado Carlos Montes (PS), indicó que ahora “esta iniciativa del gobierno está garantizada y menos manipulable por la autoridad. Además, establece un sistema de subsidio al empleo para todas las mujeres que cumplan ciertos requisitos, lo que nos parece un avance muy importante, respecto de lo que inicialmente se había aprobado en la Cámara”.

En tanto, el diputado PPD Ramón Farías, dijo que El parlamentario “si bien se trata de un proyecto que aprobamos, igualmente mantenemos ciertas discrepancias en el fondo del tema, pues en el mismo texto se establece que 1 de cada 3 chilenos ha estado bajo la línea de la pobreza, y eso demuestra que lejos de ser estática, es una situación dinámica, de la cual se puede salir y volver reiteradamente a causa de factores como la pérdida del empleo o enfermedad”.

Cámara de Diputados

El diputado Víctor Torres, a nombre de la bancada DC dijo que Tomic fue “un hombre brillante, de ideas nítidas y pensamiento preclaro, una adelantado para su tiempo”.

Resaltó que consideraba al movimiento humanista cristiano como un motor de cambio para la injusticia en Chile. Recordó entre sus batallas políticas la Unión Social y Política del Pueblo, la firma de la declaración del 13 de septiembre de 1973 en que 16 dirigentes de la DC se oponían al Golpe Militar. Pero por sobre todo, destacó su defensa de la nacionalización del cobre.

El diputado Lautaro Carmona (PC), a nombre de la bancada del PC, PRSD y el MAIZ, dijo que Tomic fue un político que hizo grandes esfuerzos para evitar el Golpe de Estado de 1973.

En representación del PRI y de RN, el diputado Pedro Araya (PRI), indicó que Tomic fue de aquellos políticos que realzan la actividad pública. Destacó el don de la palabra y la consistencia de sus acciones, que le permitieron ejercer un liderazgo ejemplar durante distintos momentos del Chile del siglo XX.

El diputado Carlos Vilches, a nombre de la bancada de la UDI, señaló que la vida de Radomiro Tomic fue fructífera. Subrayó la pasión con que asumía los desafíos que creía fundamentales para el país. Recordó que siempre manifestó que el cobre era “el sueldo de Chile o la viga maestra de nuestra economía”.

A nombre de la bancada PS, el diputado Luis Lemus indicó que es uno de los hombres más importantes en la historia de la chilenización del cobre. Agregó que fue quien vio a este mineral como uno de los polos de desarrollo de nuestro país.

Radomiro Tomic nació en Calama, el 7 de mayo de 1914. Fue Miembro y presidente de la Falange Nacional, de 1946 a 1952. Participó en la fundación de la Democracia Cristiana en 1957. Entre 1965 y 1968, fue embajador de Chile ante Estados Unidos.

En el ámbito laboral, se desempeñó en el área periodística. Entre 1937 a 1941, fue director del diario El Tarapacá de Iquique, donde sucedió en el puesto a su amigo Eduardo Frei Montalva. Luego dirigió la editorial El Pacífico. También ejerció la docencia como profesor de Política Económica, Economía Política y Legislación Social en la Universidad Católica y en el Instituto Politécnico. Por otra parte, ocupó el cargo de director de los Centros del Progreso por Tarapacá y Antofagasta.

Se inició en política durante su época universitaria al asumir como presidente del Centro de Alumnos de Derecho y luego, de la Federación de Estudiantes de su Universidad.

En 1938, junto a Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton, Manuel Antonio Carretón y Rafael Gumucio, entre otros, fundó la Falange Nacional. Fue su presidente nacional entre 1946 y 1952. En 1957, este conglomerado junto a otros grupos social cristianos formaron el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Fue diputado por Arica, Pisagua e Iquique (1941-1945, 1945-1949) y senador por Tarapacá y Antofagasta (1950-1953, en elección complementaria, reemplazando a Pablo Neruda que fue desaforado por la Ley de Defensa de la Democracia) (1953-1961) y por Aconcagua y Valparaíso (1961-1965). Durante su labor parlamentaria, fue un férreo defensor de la “chilenización del cobre”, razón por la cual en 1992 Codelco le puso a un yacimiento su nombre.

En 1965 renunció a su escaño de senador para aceptar el nombramiento del Presidente Frei Montalva como embajador de Chile ante Estados Unidos (4 de marzo de 1965 hasta abril de 1968).

Para las Elecciones Presidenciales de 1970 fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano, junto a los candidatos Jorge Alessandri Rodríguez (independiente) y Salvador Allende (por la Unidad Popular). Obtuvo el 27,9% de los votos por lo que no resultó electo. El símbolo de su candidatura fue una pala, que simbolizaba su idea de sembrar el país de ilusión y esperanza.

Durante la dictadura militar se trasladó a vivir a Ginebra, en Suiza. En 1990, fue nombrado por el presidente Patricio Aylwin embajador de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Falleció en Santiago el 3 de enero de 1992 a causa de una dolencia hepática.

Un 67 por ciento de los chilenos está a favor de esta medida, contra un 33 por ciento que se mostró contrario a la propuesta.

Según el sondeo, sólo un 4,5 por ciento de los chilenos considera que tener un sueldo mínimo de 250.000 pesos mensuales “es muy alto”.

Por el contrario, el 53,8 por ciento manifestó que un sueldo mínimo de 250 mil pesos mensuales “es muy bajo para la realidad del país”, mientras que un 41,7 por ciento sostuvo que se adecúa a la realidad de Chile.

De acuerdo al ingreso que perciben las personas, el 23,7 por ciento indicó que no les alcanza para llegar a fin de mes y el 51,9 por ciento de los hogares dijo que “les alcanza apenas para vivir”, versus el 24,4 por ciento que manifestó que “les alcanza sobradamente para vivir”.

La encuesta telefónica fue realizada el pasado 5 de mayo a un universo de 312 casos a nivel nacional y con margen de error muestral de 5,4 por ciento.

Radio Cooperativa

El ejecutivo se refirió a la situación de División Ventanas y a la disputa con Anglo American al finalizar el acto de lanzamiento de la especialidad “Técnico Profesional de extracción Minera” en un liceo de Rancagua, evento en el que participaron los ministros de Minería, Hernán de Solminihac, de Educación, Harald Beyer, y del Trabajo, Evelyn Matthei.

Diego Hernández reiteró que la División cumple las leyes vigentes, destacando además la pronta reacción ante emergencias ambientales y las inversiones realizadas. “Hemos invertido y estamos mejorando nuestras instalaciones; estamos llevando la fundición, en los plazos en que nos es posible hacerlo, al cumplimiento de las normas futuras que la autoridad va a proponer este año”, sostuvo el Presidente Ejecutivo.

Respecto de las inversiones realizadas en la División, por más de 30 millones de dólares sólo en 2012, Hernández explicó que las de corto plazo, como mejoramiento de bodegas o la instalación de filtros para captar material particulado, ya están terminadas; mientras que las de largo plazo tomarán más tiempo debido a los estudios de ingeniería que requieren. “Hemos hecho un gran esfuerzo que se puede comprobar y somos uno de los pocos que hemos hechos algo que materialmente se puede ver en la zona. Tenemos la mejor voluntad posible”, dijo.

Asimismo, agregó que “nuestro compromiso es con el país, es con la región y con los trabajadores para que efectivamente esta operación de fundición y refinería de División Ventanas siga produciendo y aportando a Chile”. Frente a la posibilidad de un nuevo decreto de cierre, el Presidente Ejecutivo señaló que “yo creo que es improbable. No hay ningún motivo hoy día para dar una orden de cierre: ni legal, ni político ni de ningún tipo”.

Conflicto con Anglo American

Sobre la disputa con Anglo American por la propiedad del 49% de Anglo American Sur S.A., Diego Hernández indicó que “este es un juicio que se toma su tiempo y es difícil prever cuándo va a haber un fallo de primera instancia, probablemente a fin de año o en el primer semestre del próximo año”. Agregó que “la velocidad del proceso depende un poco de las partes y hemos visto que las partes no han tratado de atrasarlo. Considerando la dimensión y todas las posibilidades legales, creo que ha avanzado relativamente rápido”. Sin embargo, aclaró que “si esto llega a la Corte Suprema, estamos hablando de 4 a 5 años, aunque sea rápido”.

Hernández informó además que no ha habido audiencia de conciliación y que este paso sólo se puede dar si, al menos, una de las partes lo solicita. “Eso no significa que no haya disposición, pero son los abogados los que tienen que definir cuándo es el mejor momento para solicitarlo”. Cabe agregar que la audiencia de conciliación es una etapa obligatoria del proceso, de acuerdo a la ley chilena.

El Presidente Ejecutivo reiteró lo señalado la semana pasada respecto a la motivación que tuvo Codelco para solicitar una medida precautoria sobre los dividendos de Anglo American Sur. “A Miguel Angel Durán (Presidente Ejecutivo de Anglo American en Chile) incluso lo interrogaron en el juicio y no entregó ninguna información de los dividendos. Se hizo necesaria esa medida para saber qué es lo que estaba pasando”, expresó.

En este sentido, el ejecutivo afirmó que la acción judicial resultó exitosa, porque “declararon que distribuyeron más de 400 millones de dólares y que también había más de 2 mil millones de dólares de dividendos no distribuidos aún o por distribuir”.

“Siempre el argumento ha sido el mismo: que puede afectar el empleo, en particular de la pequeña empresa, sin embargo, cuando uno revisa la evidencia empírica -los estudios existen disponibles a nivel mundial y en Chile- se encuentra con que no hay evidencia empírica contundente que demuestre que afecta al empleo”, dijo Kremerman.

El experto reconoció que la situación podría producirse “cuando tenemos grandes aumentos en el salario mínimo en momentos de contracción económica, pero eso sólo ha ocurrido en dos años durante los últimos 22 años: el año 99 y el año 2009″, indicó.

Este sentido, “si el argumento siempre es el mismo, es porque aquí hay otras variables, que son las variables políticas que están detrás del no reajuste o del reajuste tan bajo, que sitúa al salario mínimo hoy en 182 mil pesos, lo cual sólo corresponde al 62 por ciento de una línea de la pobreza familiar, que llega a cerca de 293 mil pesos”.
“Hoy día son más de un millón de personas las que ganan el mínimo o menos del mínimo, y una persona que hoy gana el mínimo ni siquiera puede cubrir una línea de la pobreza. Hay 500 mil trabajadores pobres en términos específicos; personas que trabajan 45 horas a la semana y son pobres”, resaltó el experto.

Chile tiene el peor escenario

En el contexto de la celebración del Día de los Trabajadores y del llamado de la CUT a subir el sueldo mínimo a 250 mil pesos, Kremerman indicó que “también es bueno poner sobre la mesa nuestro modelo de relaciones laborales, que es bastante anacrónico. Estamos bastante lejos -en términos de legislación comparada- de lo que es un país democrático, que reconoce los derechos colectivos de los trabajadores”.

En el año 1979 la dictadura impuso un plan laboral que “cercenó y llevó casi a la idea de un delito” las reivindicaciones laborales como la negociación colectiva y derecho a huelga.

A consecuencia de esto, “los trabajadores tienen nula posibilidad de disputar la repartición de utilidades que se genera en las empresas. Por esto el fruto del crecimiento de Chile, que ha promediado anualmente más de 5 por ciento en los últimos 20 años, queda concentrado en pocas manos. Los trabajadores no tienen poder para conseguir que la distribución sea más justa”, explicó.

Kremerman consideró además que la manera en que se fija el salario mínimo en Chile, con una negociación en el Congreso y una consulta “testimonial” a los trabajadores “es uno de los mecanismos más ineficaces en términos de distribución de ingreso”.

En resumen, “estamos en Chile en el peor escenario” en materia laboral, “y es importante reconocerlo y avanzar en lo que nos está recomendando la Organización Internacional del Trabajo”, concluyó.

Larraín, junto al Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, encabezaron la Junta, en la que participaron los miembros del Directorio de la empresa, cuyo Presidente es Gerardo Jofré; el Presidente Ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, y el Vicepresidente de Administración y Finanzas, Thomas Keller.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Hacienda, señaló que “estamos satisfechos de ver los resultados de Codelco” con excedentes para 2011 que superaron los 7 mil millones de dólares y una contribución al Estado superior a los US$5 mil millones, lo “que representa un parte importante de los ingresos fiscales” agregó Larraín. Respecto de la capitalización de la empresa en 2012, el Ministro ratificó que se autorizaría la retención de parte de las utilidades. “Junto al Ministro de Minería estamos evaluando la capitalización, es una decisión que hay que tomar de aquí a junio. Lo estamos analizando”, dijo.

Por su parte, el ministro de Minería destacó el récord productivo alcanzado por Codelco en 2011, con una producción de 1.796 millones de toneladas métricas de cobre fino. “La producción del año pasado fue la más alta de su historia. Eso es un punto importante, teniendo en cuenta que bajaron la leyes de mineral, subieron los costos pero hubo también un alza del precio del cobre. Es un importante esfuerzo que ha hecho Codelco en mejorar su producción, mejorar su utilidad y con ello su contribución al Estado”, destacó De Solminihac.

Respecto de la capitalización de utilidades, Diego Hernández, Presidente Ejecutivo de Codelco, sostuvo que la Administración entrega “las indicaciones de cuál es la situación de la empresa y ellos son los que tienen que decidir en función de las políticas que hemos establecido para mantener el investment grade”, agregando que son varios los elementos a considerar para tomar la decisión final.

Pese a que la Junta no abordó el conflicto con Anglo American, los Ministros fueron consultados sobre la posibilidad de que el Estado financiara la operación de compra del 49% de Anglo American, en el caso que Mitsui se retirara. “Es un tema que no se trató en la Junta”, explicó el Ministro de Hacienda, agregando que “Codelco está siguiendo su propio camino y tiene sus mecanismos de financiamiento. No hay comprometido ningún financiamiento del Estado para esta operación”.

Sobre el mismo tema, Diego Hernández comentó que “el proceso judicial está avanzando, como avanzan estos procesos. En la medida que esto va avanzando cada parte va desplegando su estrategia legal. No hay ninguna novedad ahí”. El ejecutivo explicó que Codelco había solicitado la retención de dividendos porque la empresa inglesa no había informado cuántos millones de dólares había distribuido entre sus accionistas este año. “Al pedirlo, ellos entregaron la información y, en consecuencia, el juez no nos dio la precautoria, pero logramos saber que efectivamente Anglo American había distribuido dividendos. (…) Entonces tuvimos acceso a esa información que es importante para nosotros.”, señaló.

Hernández destacó también otro aspecto positivo del dictamen judicial, “efectivamente reconocen que los dividendos que eventualmente le corresponderían a Codelco con su porcentaje, se descontarían del precio final a pagar en el momento que el juicio termine, lo que es un punto bastante importante para nosotros”. La empresa se encuentra evaluando si apelará a esta determinación judicial.

Por último, frente al mensaje de la CEO de Anglo American sobre posibilidades de entablar negociaciones, el Presidente Ejecutivo de Codelco respondió que “no creo que las cosas hayan cambiado mucho. Siempre existe esa posibilidad. Es un mensaje no más hasta ahora”.

Mejores prácticas de Gobierno Corporativo

El desarrollo de la Junta de Accionistas es parte de los cambios introducidos con la ley de Gobierno Corporativo que rige a la empresa desde 2010, que asimila el funcionamiento de esta empresa del Estado al de una sociedad anónima. En esta instancia, los ministros de Hacienda y Minería actúan como delegados del Presidente de la República. En dicha Junta, se revisaron y aprobaron formalmente los estados financieros de la empresa, la memoria, el balance correspondiente al ejercicio 2011 y la designación de los auditores.

En su exposición ante la instancia parlamentaria, los representantes de la FTC señalaron que Codelco debe mantenerse como una empresa cien por ciento de propiedad del Estado y valoraron que la Comisión haya servido de importante tribuna y mecanismo de defensa de los derechos de Codelco en su conflicto con Anglo American, la mantención del rol fiscalizador de Cochilco y el resguardo de la reserva estatal de la explotación del litio para Chile.

En su presentación ante los diputados, la Federación consideró clave asegurar la aprobación y adecuada ejecución de los proyectos estructurales, Chuquicamata Subterránea, Ministro Hales, Sulfuros Fase II y Planta Concentradora Radomiro Tomic, Proyecto de Desarrollo El Salvador, Expansión Andina 244 y Nuevo Nivel Mina El Teniente. “Para ello resulta prioritario contar con un plan financiero sólido que permita enfrentar requerimientos inversionales que superan los US$ 18 mil millones, a razón de US$ 3.500 millones anuales”, indicaron.

En ese sentido, pidieron a la Comisión que recomiende una política de capitalización de Codelco del orden de un 15% a 20% de sus excedentes, a fin de evitar un excesivo endeudamiento de la empresa y el deterioro de su calidad crediticia.

Por otra parte, la FTC reafirmó su firme postura de defensa del derecho de opción de Codelco a la compra del 49% de las acciones de Anglo Sur, en la disputa que la enfrenta con la minera Anglo American, y en tal sentido pidió a la Comisión Investigadora que declare su apoyo expreso a que el Estado financie la compra de dicho 49%.

Por último, los sindicalistas criticaron la decisión del Gobierno de impulsar los denominados Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) y se pronunciaron a favor de que sea Codelco la que asuma el desafío de implementar esta industria. “Recomendamos que la Comisión requiera formalmente al Gobierno la paralización del proceso de licitación de los CEOL y postule la realización de los estudios y diálogos necesarios que respalden una Política de Estado consensuada para la explotación del litio”, indicaron.

Al término de la sesión, el presidente de la Comisión Investigadora, diputado Marcos Espinosa (PRSD), afirmó que la exposición de la FTC “fue bastante maciza y muy coherente con lo que nosotros estamos esbozando ya como conclusiones, entre otras la urgente necesidad de capitalizar Codelco”.

“Creemos que la fórmula que se aplica hoy en la industria minera, y que cada vez está siendo más utilizada por Codelco, que son las ventas a futuro, no se compadecen con el carácter público y estatal de esta empresa. Hay que hacer una revisión completa de este mecanismo de apalancamiento de recursos. Además, coincidimos plenamente en que hoy los desafíos de Codelco están centrados en los proyectos estructurales; hay que ver si va a haber cumplimiento no solamente en la inversión sino que también en los plazos de puesta en marcha de cada uno de los proyectos. Finalmente, creemos que no solamente asisten a Codelco razones legales para optar a la compra del 49 por ciento de Anglo Sur sino que también hay una obligación ética de parte de Anglo American de proceder a la venta de ese 49 por ciento”, sostuvo el parlamentario.

En tanto, el diputado Carlos Vilches (UDI), destacó que “la Federación de Trabajadores del Cobre y su presidente señalaron claramente que están de acuerdo en términos generales con lo que está haciendo Codelco y tienen observaciones sobre algunas divisiones que se han hecho, como haber separado Codelco norte”.

“También manifestaron que ellos apoyan con todo a Codelco en la disputa con Anglo American, señalando que esta no puede actuar con tanta jactancia y prepotencia en nuestro país”, añadió.

“Yo en términos generales comparto los planteamientos que ha señalado la FTC y les hice ver que también debíamos tener un juicio sobre las asociaciones que ha hecho Codelco con privados y los resultados que ha tenido con las inversiones que ha hecho, porque esta Comisión está analizando la administración de Codelco y el destino de muchos de sus proyectos”, recalcó el diputado Vilches.

Cámara de Diputados

En efecto, las medidas precautorias adicionales se solicitaron ante la negativa de Miguel Ángel Durán de entregar información al tribunal sobre el monto de los dividendos distribuidos por Anglo American Sur S.A este año. El Presidente de Ejecutivo Anglo American Chile dijo ante la justicia, el día 3 de abril de 2012, no recordar el monto de las cantidades pagadas a los accionistas, aunque la decisión había sido adoptada tan solo 3 días antes de prestar declaración.

Frente esa actitud, Codelco reaccionó con la solicitud de nuevas precautorias, ante lo cual la defensa de Anglo American entregó al tribunal toda la información sobre dividendos y utilidades retenidas que había sido negada. Gracias a lo anterior, hoy el juzgado conoce que los dividendos distribuidos en marzo alcanzaron a US$ 409 millones. El 49% de esa cantidad debe deducirse del precio que Codelco pagará cuando gane el juicio y se le entreguen las acciones en disputa.

Después de esta nueva información entregada por los abogados de la empresa inglesa, el tribunal rechazó las medidas precautorias adicionales, por cuanto, a su juicio, no se ha acreditado que Anglo American carezca de bienes y recursos suficientes para responder de los resultados del juicio, considerando además que se mantiene la medida precautoria ya decretada de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el 49% de las acciones de Anglo American Sur S.A.

Codelco ejercerá los recursos pertinentes a objeto de resguardar los resultados del juicio e impedir que sus derechos sobre el 49% de las acciones emitidas por Anglo American Sur S.A., en poder de Inversiones Anglo American Sur S.A., sean burlados y vaciados en su contenido patrimonial.

Junto con ello, es importante resaltar que la decisión del tribunal no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que simplemente estableció una opinión sobre si las medidas vigentes son o no suficientes para resguardar que la sentencia que se dicte tenga posibilidades efectivas de ser cumplida.